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Boletín de noticias 26 de marzo de 2012
EL TIEMPO
EDUARDO MONTEALEGRE ADVIERTE QUE NO LLEGA A FISCALÍA A HACER FAVORES
Con 16 votos a favor, Eduardo Montealegre fue elegido el jueves pasado como nuevo Fiscal General.
Habla de estrategias para reducir la impunidad. Se defiende de supuestos lazos con el 'uribismo'.
Eduardo Montealegre Lynett, el séptimo Fiscal General en la historia de Colombia, dijo que está seguro de que estará en el cargo por los próximos cuatro años y que legalizar la droga no es una opción para Colombia.
El nuevo Fiscal revela que apoyará un proyecto que permitirá que los propios ciudadanos afectados investiguen y lleven a juicio a los responsables de pequeños delitos, lo que podría mover cerca de un millón de procesos represados. Sobre un eventual proceso de paz con la guerrilla, señala que el marco legal actual "es anticuado" y que aunque el margen de maniobra legal cada vez es menor, podría pensarse en amnistías condicionadas, incluso para los responsables de crímenes atroces, siempre que haya paz verdadera y verdad y reparación. (Reforma de la Justicia requiere 'profundas modificaciones': Fiscal)
¿Qué puede esperar el país de Eduardo Montealegre en la Fiscalía?
Garantías de una Fiscalía equilibrada y ponderada, que en el marco del Estado de Derecho va a dar una gran batalla contra la impunidad y la corrupción.
¿Qué responde a sus críticos sobre la cercanía con el uribismo?
Durante la presidencia de Álvaro Uribe presté asesoría con asuntos que tenían que ver con la defensa de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí defendí los intereses de la Nación. Me defino como un liberal de la base, en el entendido filosófico de la palabra, en mi concepción de la sociedad, pero no pertenezco a ningún partido político, y no llego a hacerle favores a nadie. Como lo dije ante la Corte Suprema, la Fiscalía de Eduardo Montealegre no se convertirá en un obstáculo para esos procesos que son tan sensibles para el país, en los que se necesita establecer la verdad de lo que sucedió.
¿El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y la exjefe del DAS María del Pilar Hurtado tienen garantías para enfrentar un juicio justo en Colombia?
A pesar de que existen algunas deficiencias en el sistema penal, Colombia da suficientes garantías de imparcialidad. Los llamo a que regresen. Lo conveniente es acudir al proceso penal, presentar sus argumentos y sus pruebas para asumir una defensa, sobre la base de que en la Fiscalía encontrarán plenas garantías. (Los tres retos principales del nuevo Fiscal General de la Nación)
¿Qué opina como Fiscal del tema de la legalización de la droga, que se calienta de cara a la Cumbre de las Américas?
Ese es un paso que en este momento histórico no puede dar Colombia. Aún no es conveniente el discurso de la legalización. No es una solución para el problema del narcotráfico. Pero, obviamente, debe abrirse el debate sobre la conveniencia o inconveniencia, y que la comunidad internacional decida la orientación.
¿Qué falta por hacer en la lucha contra el narcotráfico?
Por el lado de la Fiscalía, hay un gran reto en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Necesitamos fortalecer herramientas, hay instrumentos internacionales muy importantes por utilizar, y el país debe buscar más apoyo con las autoridades de otros países para intensificar la colaboración en el intercambio de pruebas, rastreo de bienes y cuentas en el exterior. Se debe ir más allá de las fronteras en este tipo de investigaciones.
¿Qué hacer con la ley de justicia y paz?
Todo el tema de justicia transicional debe tener un giro estructural. No basta con reformas procesales, de reducción de términos o de reducción de audiencias. Lo más importante, creo, es definir la filosofía de la ley de justicia y paz: si Colombia debe priorizar las investigaciones (investigar todos los crímenes, pero escogiendo el orden) o seleccionar casos emblemáticos.
¿Y cuál opción le suena más?
Creo que habría que pensar, después de un gran debate nacional, en unos criterios claros de selectividad en materia penal y de mecanismos alternativos de búsqueda de verdad y reconstrucción de la memoria histórica de lo que ha pasado en este conflicto interno, para garantizar el derecho a la verdad y la reparación.
¿Esa selectividad no podría leerse como impunidad?
Lo ideal sería hacer todas las investigaciones. Pero debemos ajustarnos a la realidad: si Colombia pretende investigar todos los delitos que se han producido en el conflicto armado, podría haber un efecto contraproducente de impunidad. No creo que el aparato estatal tenga ese poder de respuesta en ese momento. No es fácil decidir hacia qué modelo vamos a avanzar, por lo que debe haber un gran debate democrático que incluya a las víctimas, a las ONG y a todos los sectores del país.
¿Cómo va a enfrentar la congestión en la Fiscalía?
Entre el 2010 y 2011 entraron cerca de dos millones de casos a la Fiscalía, y ninguno ha tenido aún respuesta alguna. Es un número voluminoso. Existe un mecanismo para lograr que ingresen a la administración de justicia: desarrollando la reforma constitucional que permite la desmonopolización de la acción penal y que crea la figura del acusador privado. Antes de ese acto legislativo, la acción penal solo podía ser ejercida por la Fiscalía. La ley puede determinar los casos en los cuales las víctimas pueden investigar y acusar ante un juez, por determinados hechos. ('Como Fiscal, Montealegre es prenda de garantía': Juan Manuel Santos)
¿En qué tipo de casos y cómo se aplicaría esa figura?
En pequeños casos, delitos que no sean muy graves. Hay que hacer antes una valoración de política criminal, decir cuáles delitos pueden admitir la figura del acusador privado. Por ejemplo, aquellos hechos punibles que no tengan detención preventiva.
¿Cualquier persona podría investigar y acusar?
La norma permite que lo hagan las víctimas o cualquier tipo de autoridades públicas. La ley debe regular eso, respetando los mínimos principios del sistema penal acusatorio, pero mediante un procedimiento especial. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ya está trabajando en ese proyecto de ley, pero creo que debe ser un trabajo conjunto con la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte Suprema.
Se vuelve a hablar de negociar con la guerrilla. ¿Ve a los jefes de las Farc pagando cárcel?
El marco jurídico para la paz es desueto, se basa en el delito político, una idea del siglo XIX. Hoy de lo que se trata es de cómo hacer justicia frente a graves delitos de guerra y de lesa humanidad. La regla general es que frente a casos de violaciones a los derechos humanos no pueden existir amnistía e indultos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en un proceso de paz serio y verdadero puedan existir amnistías condicionadas sobre la base de que se puedan satisfacer los requerimientos de verdad y reparación.
'Reforma es buena'
El fiscal Eduardo Montealegre considera que en el trámite de reforma de la justicia no hay ánimo revanchista del Congreso hacia las cortes, pero cree necesario que en segunda vuelta se introduzcan modificaciones a lo aprobado. En particular, se mostró contrario a la creación de una supercorte para juzgar a los magistrados. "La creación de una comisión con poderes judiciales que designe la Cámara de Representantes no es conveniente", indicó.
A su juicio, hay que fortalecer la actual Comisión de Acusación de la Cámara. Tampoco está de acuerdo con acabar el Consejo Superior de la Judicatura. Ese tribunal debe continuar, pero con "un gran rediseño", dijo. Esas modificaciones deben incluir la elección de los miembros de la Sala Disciplinaria con la participación de la academia, los colegios de abogados, las asociaciones de jueces y fiscales y el Presidente de la República.
Un jurista de trayectoria
El nuevo Fiscal fue viceprocurador, magistrado de la Corte Constitucional y jefe de un prestigioso bufete de abogados.
1. PC de Raúl Reyes
Asesoró al gobierno Uribe en la denuncia contra el presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional por sus presuntos nexos con Farc.
2. Asesoró Saludcoop
Montealegre se declaró impedido para conocer las investigaciones por las irregularidades en Saludcoop por haber asesorado a la EPS.
3. Caso Mapiripán
Fue ponente de la tutela que pasó de la justicia militar a la ordinaria el caso contra el general Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán (Meta).
4. Fallo clave
Como magistrado de la Corte Constitucional, Montealegre abrió paso a tutelas para revisar no solo las condenas sino las absoluciones en casos graves de DD. HH.
La Fiscalía en cifras
185.000 millones de pesos
Ese es el presupuesto que empezará a manejar el nuevo Fiscal para este año. La mayor parte está destinado a la modernización de las sedes del ente acusador y de los equipos de criminalística e investigación.
Más de 20 mil funcionarios
La Fiscalía cuenta hoy con 23.128 funcionarios entre fiscales e investigadores del CTI. La planta de personal aumentó recientemente en 2.328 personas provenientes del desaparecido DAS y con experiencia en Policía Judicial.
2.252.726 procesos vigentes
El año pasado, entraron a la Fiscalía 1.030.999 noticias criminales para investigación. Se sumaron a 1.221.727 que existían. Se logró una reducción en la congestión del cinco por ciento.
FERNANDO CARRILLO DEBE PARAR LAS MILLONARIAS DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
El exministro de Justicia está al frente de la agencia que busca evitar que este problema crezca.
El exministro de Justicia Fernando Carrillo es el encargado de que al Estado no lo sigan vapuleando en los tribunales. El exconstituyente había sido tentando varias veces por el presidente Juan Manuel Santos para que trabajara en su gobierno, pero ninguna oferta lo levantaba de su sillón en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde en los últimos 16 años ocupó diferentes cargos en varios países.
Como responsable de la nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tendrá que parar la bola de nieve en la que se han convertido las demandas contra las 227 entidades nacionales y cuyas pretensiones son billonarias.
¿Por qué el Estado colombiano se defiende tan mal?
Nuestro sistema es disperso y débil. No hay una estrategia coordinada y los 3.800 abogados que se dedican a esta tarea trabajan cada uno a su manera y con argumentos a veces contradictorios. Por otra parte, las entidades del Estado han considerado las demandas como un mal necesario, casi un apéndice.
Y se creció el monstruo...
Así es. Hoy tenemos más de 250.000 procesos abiertos, con pretensiones que se acercan a los 1.200 billones de pesos, o sea cuatro veces el presupuesto nacional y dos veces el PIB.
Porque una cosa son las pretensiones y otra, los pagos. El Ministerio de Hacienda tiene unas reservas para asumir las demandas que ascienden a 400 billones. De ese fondo, el año pasado se pagaron solo 4 billones. Aún así, hay 400 billones de pesos que no se pueden tocar y que se podrían dedicar a inversión social.
¿Por qué esa cifra relativamente baja de pagos?
Porque son procesos que duran años y hasta décadas. Un ejemplo es la demanda que hace 30 años interpuso un ciudadano contra el antiguo Incora, por la supuesta expropiación indebida de unas tierras, y por la que pide más de 500 billones. Otro factor es que hay sentencias que ya han sido dictadas, pero cuyo pago se dilata. Y ahí comienza a andar el taxímetro de los intereses.
¿Qué tan perdedores somos?
Bastante, y lo peor es que nos acostumbramos. Hoy, nos derrotan en el 70 por ciento de las demandas. El Estado ha sido un litigante primíparo.
Pero también habrá ciudadanos que tienen razones serias para demandar...
Sin duda. Se requiere más diligencia del Estado en varios campos y hay que identificar y atender las reclamaciones legítimas. Por eso, una gran tarea de la Agencia será capacitar a los funcionarios para prevenir el daño antijurídico. Pero también hay carteles que viven de demandar al Estado y que se aprovechan de su debilidad en la defensa.
¿Qué estructura tendrá la nueva Agencia?
Habrá tres direcciones: una para diseñar las estrategias, otra para intervenir directamente en los casos y otra que se encargará de montar un sistema de gestión de la información que nos permita hacer diagnósticos de cómo vamos.
¿Eso en cuántos cargos se traduce?
Arrancaremos con unas 100 personas, muchas reclutadas por cazatalentos. Queremos crear una especie de isla de excelencia con los mejores juristas.
¿Con qué presupuesto cuenta?
Alrededor de $ 16.000 millones para los primeros 12 meses de funcionamiento.
¿No es un equipo pequeño para atender 250.000 procesos?
Eso es algo que quiero aclarar: no vamos a asumir de golpe todas las demandas. Inicialmente, actuaremos en los casos más importantes o cuyo monto sea muy elevado. Además, solo defenderemos a las entidades de orden nacional; a los entes territoriales les daremos una brújula para que lo hagan ellos mismos.
¿Qué meta se ha fijado?
La idea es que en un año nuestra tasa de victorias llegue al 40 por ciento.
¿Jugará solo a ganar, o también a conciliar?
Es un mecanismo al que se le teme, porque a veces las entidades lo utilizan y les empiezan a llover demandas como efecto de esa misma conciliación. Yo soy un firme defensor de pactar. Hay que 'matar' el proceso antes de que se convierta en un monstruo.
¿Habrá sanciones para quienes den pie a las demandas?
Ya existe la acción de repetición, que obliga al funcionario a responder con su patrimonio. Se ejercita poco, pero es un instrumento que podría darle dientes a la Agencia, por su poder de disuasión.
¿Trabajará también en la defensa internacional?
Es un frente que cubre muy bien la Cancillería, con victorias importantes como la del galeón San José. La apoyaremos, pero es una labor que seguirán ejerciendo ellos.
Chile, modelo para la región
¿Qué tan mal estamos en relación con otros países?
No estamos muy lejos de la mayoría de los países de América Latina, que padecen este problema. De hecho, el BID, una entidad que nos está apoyando con un crédito de 10 millones de dólares para la puesta en marcha de la Agencia, ya ha recibido solicitudes de otros gobiernos de la región que quieren crear mecanismos similares. No obstante, hay casos ejemplares, como Chile, cuyo Consejo de Defensa del Estado tiene una tasa de éxito del 80 por ciento, o Brasil, que cuenta con un cuerpo de más de 10.000 funcionarios. La clave del éxito de estos organismos es que no se quedan en la defensa, sino que participan en todas las fases de las políticas públicas y van apagando los posibles focos de demandas en el camino.
'FISCAL DEBE TENER PERIODO DE CUATRO AÑOS': MAGISTRADO JAIME ARRUBLA
El magistrado Jaime Arrubla deja la Corte Suprema, tras ocho años en ese tribunal.
Saliente magistrado de la Corte Suprema de Justicia dice que rumores llevaron a choques con Uribe.
El saliente magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, que cumplió su periodo de ocho años esta semana, habla de cómo siendo presidente de esa corporación afrontó el choque con el Ejecutivo en la pasada administración. Contó sobre la incidencia de esa crisis en la elección del Fiscal General.
Que tenemos una Corte comprometida, con independencia judicial. Los jueces se han dado cuenta de que son un poder valioso en Colombia, pero no para atropellar a los demás sino para instaurar justicia.
¿Cuál fue el detonante del choque con la administración del expresidente Álvaro Uribe?
Una reforma que se pretendió hacer a la tutela y, obviamente, el tema de la 'parapolítica'. Todo eso creó diferencias y posturas que llegaron a marcas muy complicadas.
¿Hubo intentos de frenar los procesos de 'parapolítica'?
Uno no sabía si era que querían interferir en las decisiones de la Corte, o si era que en verdad creían que la Corte estaba contaminada por el narcotráfico o la guerrilla. Había alguien en el Gobierno que creía que estábamos conspirando contra el Estado.
¿A quiénes se refiere?
Creo que algunos asesores del anterior Gobierno distorsionaban bastante la realidad y creaban confusiones. Llegaron a hacer correr rumores y despropósitos que no caben sino en una mente enferma.
¿Estos hechos están ligados a las interceptaciones ilegales a magistrados?
No conocemos aún los resultados de esas investigaciones. Lo que la justicia debe aclarar es si fueron iniciativas espontáneas de uno u otro o si realmente hubo ciertas coordinaciones. Esas fueron situaciones delictuosas y perturbadoras en una democracia.
¿Cree que el expresidente Uribe pudo estar enterado de estos seguimientos?
No puedo hablar del Gobierno como tal, porque además eso está en investigación. Por el momento, lo que hemos visto es que ha habido funcionarios del DAS, del Ministerio de Hacienda y de Presidencia comprometidos, y confiamos en que la justicia clarifique lo que pasó. Por eso es tan importante el cargo de Fiscal.
¿Esa fue la causa para que la Corte se demorara 16 meses en elegir Fiscal General?
El señor Presidente pasó una terna que aparentemente cumplía con las calidades formales de los aspirantes. Pero después se conocieron situaciones que descalificaban a una de esas personas. La terna debe ser de tres, que no revistan tacha para ser Fiscal.
¿Fue ilegal la votación con que se eligió a Viviane Morales?
Hubo un proceso largo pero terminó con la elección de Viviane Morales, que fue legítimamente elegida y renunció. Ahí no hubo ni error ni equivocación. Eso ha sido interpretado maliciosamente. Lo que han dicho, que nosotros lo que hicimos fue violar el reglamento conscientemente, es falso. Fue una interpretación soberana de la Corte.
¿Cuáles son las consecuencias de la decisión del Consejo?
¿Era necesario poner al país a elegir nuevamente Fiscal?
Yo creo que no.
¿Cuál es el periodo que deberá cumplir el próximo Fiscal?
La Constitución y la ley dicen que el periodo del Fiscal es por cuatro años, pero no dicen qué pasa cuando el Fiscal que venía no termina su periodo. Esta es mi interpretación; para mí debería ser un periodo personal y así evitar esas fiscalías que le quitan continuidad al sistema acusatorio.
UN FISCAL EN FIRME
Por: Mauricio Vargas
Montealegre debe fortalecer la investigación para no depender de los cambiantes testimonios y evitar la justicia 'show'.
A lo largo de 30 años de carrera, Montealegre se ha distinguido por ser ajeno a los radicalismos.
En buena hora, la Corte Suprema de Justicia desoyó los cantos de sirena que la incitaban a darle largas a la elección de Fiscal, y el jueves procedió, en una sesión de menos de cinco horas, sin dramatismo ni intrigas, a elegir a Eduardo Montealegre por 16 de los 23 votos de su sala plena. No cedieron los magistrados, molestos con el Gobierno por una reforma de la justicia que no los convence a ellos -ni a nadie-, a usar esta elección como mecanismo de presión, una jugada que, por floja que sea la mentada reforma, habría dejado un pésimo sabor.
En consecuencia, el país tiene Fiscal en propiedad, algo inusual en los últimos 30 meses: durante 18 de ellos, el cargo más importante del Estado en la lucha contra el crimen estuvo en manos de funcionarios provisionales. Montealegre es un jurista con amplia experiencia, tanto en altos cargos del Estado -viceprocurador, magistrado y presidente de la Corte Constitucional- como en el ejercicio del derecho en calidad de litigante en algunos casos muy sonados, uno de los cuales, el de Saludcoop, lo obligará a declararse impedido, como les ha ocurrido a otros dignatarios en ese y en otros cargos judiciales, por similares circunstancias.
A lo largo de 30 años de carrera, Montealegre se ha distinguido por ser ajeno a los radicalismos. De origen y formación liberal, lo mismo ha defendido la carta de derechos humanos de la Constitución del 91 y su principal herramienta de protección, la tutela, que el fuero militar, en cuya redefinición asesoró al gobierno de Juan Manuel Santos. Entiende que una y otra posturas no se oponen, pues, de hecho, ambas instituciones existen y se complementan en las democracias más desarrolladas del planeta. De ahí que no sea exagerado decir que el nuevo Fiscal lleva consigo el sello de la ecuanimidad, algo que en Colombia muchos parecen haber olvidado como atributo fundamental de todo funcionario judicial.
Sus contradictores lo acusan de haber sido cercano al gobierno de Álvaro Uribe, al que también asesoró en algunos asuntos. Pero si es verdad que es tan uribista, ¿por qué el entonces Presidente nunca lo incluyó en las ternas que compuso y recompuso sin suerte, para Fiscal? La verdad es que a Montealegre lo han consultado -y por algo será- todos los presidentes de los años recientes, lo mismo Andrés Pastrana que Uribe y Santos.
La tarea que tiene por delante es descomunal y por eso sería deseable, aunque ese es un galimatías jurídico complicadísimo, que su período fuera de cuatro años y no de 18 meses, como él mismo lo ha planteado con franqueza en sus primeras declaraciones. Lo más importante es fortalecer la investigación judicial, especializando a los fiscales y a los funcionarios del CTI en los temas complejos del delito hoy en día, como finanzas e informática, y dotándolos de las herramientas que la tecnología ofrece a la ciencia forense en el siglo XXI.
La falta de investigación obliga a la justicia a depender en exceso de los testimonios, muchas veces de los propios delincuentes, que hoy dicen una cosa y mañana la contraria. Los testimonios son útiles cuando son complementados con documentos, porque, cuando no lo están, cuando son dichos sin más sustento, los procesos se mueven, show mediático de por medio, en arenas movedizas, en las que muchos casos terminan en impunidad, arbitrariedad u otras formas de injusticia. Si Montealegre convierte a la Fiscalía en un confiable y contundente aparato de investigación, para el cual los testimonios sean uno de los medios de prueba a la mano, y no el único, habrá hecho más que suficiente.
Un fiscal para la historia
Por: Natalia Springer
Si honra su palabra, Eduardo Montealegre se propone empoderar a la Fiscalía General hasta convertirla en un motor efectivo para promover la paz.
La relación entre memoria y justicia ha probado su valor en periodos de enorme turbulencia social.
La justicia en Colombia es estructuralmente perversa. Dedica lo mejor de sus esfuerzos y el peso de su rigor a castigar al pobre, al que no tiene cómo defenderse, pero ha sido materialmente incapaz de ir tras las mafias que cooptaron el Estado y sus capos. Solo desde tiempos recientes, y a un costo incalculable, la Corte Suprema de Justicia ha asumido la tarea histórica de perseguir a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, los autores, los ideólogos y los beneficiarios.
Si honra su palabra, Eduardo Montealegre se propone empoderar a la Fiscalía General hasta convertirla en un motor efectivo para promover la paz. Tres de las propuestas que mencionó en su exposición han jugado un rol definitivo en procesos de transición en todo el mundo: 1) las comisiones de la verdad y la persecución de los delitos de sistema, propios de violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos; 2) el uso de la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder (responsabilidad del superior por hechos de los subordinados), y 3) el fortalecimiento de los instrumentos de lucha contra la criminalidad organizada.
La poderosa alianza entre la memoria y la justicia ha sido una fuerza decisiva en difíciles procesos de transición hacia la paz. Fue un ejercicio de verdad el que echó por tierra el abominable pacto de impunidad que se selló con una amnistía general en Argentina. Los hallazgos de la Conadep fueron publicados y provocaron un escándalo que, en cuestión de días, obligó al Congreso a derogar el acto. Los archivos fueron remitidos directamente a la oficina del Fiscal, Julio Strassera, quien abrió investigaciones y llevó a los responsables a juicio, lo que eventualmente acalló el ruido de sables que amenazaba con el regreso de la dictadura.
La relación entre memoria y justicia ha probado su valor en periodos de enorme turbulencia social. La verdad que expone la atrocidad y la barbarie en toda su dimensión facilita la restitución de los mínimos éticos que, a su vez, han marcado los derroteros en materia de reforma institucional y han fortalecido la voluntad de reconciliación, que ha impedido la ignición de guerras civiles y ha impulsado los esfuerzos para superar la discriminación y el subdesarrollo.
Sobre la autoría mediata en aparatos de poder, basta decir que ha sido introducida por la Corte Suprema de Justicia para desmontar la 'parapolítica' y fue el pilar de la acusación con la que se llevó al expresidente Fujimori a juicio en el Perú y al expresidente Charles Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona y sustenta la reciente condena de la Corte Penal Internacional contra Thomas Lubanga, jefe de l'Union des Patriotes Congolais (UPC) por reclutamiento de niños y niñas.
A propósito del combate de la criminalidad organizada, el nuevo Fiscal General aludió al caso italiano. 'Mani pulite' es una consecuencia de la revolución política iniciada gracias a los resultados del equipo antimafia formado por Antonino Caponnetto en Palermo, poderosa alianza de la que hicieron parte el juez Giovanni Falcone y el magistrado Paolo Borsellino, para desmantelar la Cosa Nostra. En Colombia, el futuro está en la persecución de las grandes organizaciones criminales: las Farc, el Eln, las bandas criminales, los paramilitares y las mafias enquistadas en el sector público y privado.
Lo que propone Montealegre es tan simple como poner el sistema de justicia del lado de los que han sufrido, no en su contra. Propone el desmantelamiento de la mafia que cooptó al Estado colombiano hasta llegar a las más altas esferas del poder. De ser así, se convertirá en el más importante aliado del presidente Santos en sus esfuerzos de paz.
EL ESPECTADOR
CORTE SUPREMA DEBE DEFINIR PERIODO DEL NUEVO FISCAL: CONSEJO DE ESTADO
El presidente del alto tribunal aseguró que el concepto que se emitió puede o no ser aceptado.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren aseguró que es la Corte Suprema de Justicia la única que debe hacer mención sobre el periodo del nuevo fiscal General, Eduardo Montealegre.
Para el magistrado Gómez es necesario que antes del nombramiento oficial de Montealegre, el cual podría realizarse en los primeros días de la semana, el órgano elector, en este caso la Corte Suprema, debe decidir si acepta o no el concepto emitido por el Consejo de Estado sobre el periodo.
“Se produce el nombramiento del nuevo Fiscal General, pero nosotros no podemos emitir otro concepto. La Corte es el que debe establecer el régimen jurídico si termina el periodo (es decir hasta el próximo 31 de julio) o inicia uno nuevo”, precisó Aranguren en entrevista con Caracol Radio.
De conocerse una decisión definitiva sobre este tema se abren las puertas para que cualquier particular, abogado, o el mismo fiscal elegido presenten una demanda sobre el tema del periodo. Hecho que deberá ser estudiado por el Consejo de Estado con el fin de emitir, si se presenta el caso, una decisión definitiva.
Ante esto señaló que espera que este lunes en la sala extraordinaria que celebrará la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia con el fin de ratificar el nombramiento hecho el pasado jueves, se emita alguna decisión sobre el tema.
El pasado viernes Eduardo Montealegre presentó ante la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República la documentación que demuestra su experiencia para ocupar el cargo de Fiscal General.
Afirmó que es muy posible que la próxima semana se posesione en el cargo, "una vez que la Corte Suprema de Justicia confirme mi designación me posesionaré ante el presidente Juan Manuel Santos", anotó.
PIDEN A SANTOS ACABAR CON SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Consideran que el “conflicto interno” así lo obliga, pues deben ser sólo soldados profesionales los que atiendan el combate.
En el Congreso de la República han pedido al presidente Juan Manuel Santos que considere la posibilidad de acabar y desmontar el servicio militar obligatorio.
El senador Manuel Virgüez Piraquive, miembro de la comisión de asuntos militares y castrenses, dijo que el país tiene una profunda necesidad de “profesionalizar” sus Fuerzas Militares a través de un servicio militar voluntario.
Según él, los recientes hechos en los que murieron once soldados regulares en un ataque en el departamento de Arauca, deben hacer reflexionar al Gobierno sobre la necesidad de contar con militares y policías profesionales, “bien remunerados”.
“Ninguno de los golpes contundentes que las Fuerzas Armadas le han dado a los grupos delincuenciales se han llevado a cabo con soldados bachilleres o regulares que están prestando el servicio militar obligatorio; por el contrario, han sido los sacrificados del conflicto interno que vive nuestro país”, afirmó Virgüez.
Y continuó: “El reconocimiento del conflicto interno por parte del presidente Juan Manuel Santos debería conducir al desmonte del servicio militar obligatorio para no continuar con la excusa de las lecciones aprendidas que han cobrado la vida de miles de colombianos sin que hubiéramos aprendido”.
El senador citó además la jurisprudencia del Consejo de Estado que afirma que “el Ejército no podrá enviar a combate a soldados regulares, sino profesionales, quienes cuenten con la formación necesaria para este tipo de prácticas militares”.
Igualmente, recordó que la Corte Constitucional ha protegido en varias sentencias la objeción de consciencia de los jóvenes para no prestar el servicio militar obligatorio. Por vía de tutela, los colombianos podrán, siempre y cuando existan argumentos “profundos, fijos y sinceros”, solicitar el amparo de sus derechos y no ser obligados a ingresar a las filas.
La petición del legislador surge en momentos en que las Fuerzas Militares buscan crear la figura del “soldado universal” para que de este modo, ya no se hable de soldado profesional, regular o campesino.
El comandante de las FF.MM., general Alejandro Navas, explicó que la idea es eliminar las diferencias que hay entre uno y otro soldado y capacitar a un uniformado para que pueda ejercer en cualquier campo.
"El soldado regular es el que no es bachiller, pero gracias a todos estos vientos de desarrollo y culturales ya casi todos los ciudadanos, la juventud, es bachiller. Ese soldado tiende a desaparecer, no estamos completando nuestras cuotas", aseguró el alto oficial.
Por eso sorprende la petición que viene del senador pues el ministerio de Defensa y los altos mandos militares estudian la propuesta de crear la figura del 'Soldado Universal' con el propósito de cubrir el déficit de hombres que se presenta en las filas del Ejército.
REVISTA SEMANA
FISCAL DE GRANDES LIGAS
Eduardo Montealegre sonaba como candidato a la Fiscalía desde hace tres años.
La elección de un penalista de la talla de Eduardo Montealegre produjo alivio en un país cansado de la interinidad en el búnker. Por eso no sería raro que se quede los cuatro años.
Sábado 24 Marzo 2012Con la elección de Eduardo Montealegre Lynett como nuevo fiscal general de la Nación se producen dos noticias importantes para el país. La primera es que llega a asumir las riendas del búnker, como pocas veces antes, uno de los más reconocidos penalistas del país. Tal vez ningún otro fiscal, con excepción de Alfonso Gómez Méndez, se podría ganar esa denominación. Curiosamente, además, se da la coincidencia de que los dos son del Tolima, los dos crecieron en pueblos –el uno en Falan y el otro en Chaparral– y los dos son abogados de la Universidad Externado.
Y la segunda noticia es que la manera tan rápida como se eligió a Montealegre es un nuevo indicio de que la profunda división que reinaba en la Corte Suprema, que bloqueó sus decisiones por mucho tiempo, está superada. O por lo menos ya no es tan grave. Se necesitaron tan solo 11 rondas de votación y poco más de una hora para que saliera humo blanco. Sin duda, un escenario muy distinto a las más de 150 votaciones y más de un año que se tomó la elección de la fiscal anterior. Las otras dos candidatas, María Luisa Mesa y Mónica de Greiff, alcanzaron cada una 13 votos. Lo que puede llevar a pensar que, en la Corte Suprema, en general, fue de buen recibo la terna que mandó el presidente Juan Manuel Santos.
Eduardo Montealegre no solo llegó cargado de credenciales –es sin duda uno de los penalistas de las grandes ligas del país– sino que en los 15 minutos que le dio la Corte Suprema para hacer su presentación ratificó su fama de buen maestro y de hombre inteligente, y además mostró su faceta de estratega. En su discurso no trató de demostrar que conocía la Fiscalía sino que hizo una reflexión sobre aspectos críticos del derecho penal de profundo calado en la Corte Suprema. Su evidente dominio del derecho penal probablemente volteó algunos votos a favor de él.
Tocó también el corazón de la Corte, o por lo menos de su Sala Penal, al reivindicar una de las figuras consentidas de esa corporación como es la del “aparato organizado de poder”. Al estar de acuerdo con el uso de esa figura jurídica, con la que la Corte ha dado sus más duras batallas contra la parapolítica, no solo les hizo un guiño sino que tal vez despejó inquietudes sobre hasta dónde está comprometido con esta jurisprudencia que ha pisado más de un callo en las filas del uribismo recalcitrante. “Cuando hay violaciones graves de poder se debe utilizar la tesis de los aparatos organizados de poder”, dijo. Y añadió: “La Justicia tiene que abandonar el análisis de responsabilidades individuales y añadir el criterio del contexto histórico (…). Las investigaciones penales tienen que establecer patrones, modus operandi; desenmarañar la base de los aparatos organizados de poder”. Y para rematar la faena les lanzó un poderoso elogio a los magistrados: “Creo que el proceso de manos limpias que inició la Corte Suprema de Justicia, como se hizo en Italia en una época muy importante para la estabilidad democrática de ese, país tiene que continuar”.
En el fondo tiene bastante lógica que haya ganado Montealegre. La aspiración de que el fiscal fuera un especialista en Derecho Penal viene de tiempo atrás y, aunque en la práctica no es un requisito, rechazar a un penalista de su calibre sería interpretado como un desprecio a ese principio que la Corte Suprema tanto ha invocado. Se pueden contar con los dedos de la mano los abogados que en el país tienen la experiencia de Montealegre. Conoce como pocos el sistema penal colombiano. Fue juez de instrucción criminal, juez penal municipal y conjuez de los tribunales superiores de Bogotá. Hizo un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Bonn y se especializó en Constitucional en la Universidad de Erlangen, Alemania. Ha sido magistrado y presidente de la Corte Constitucional así como viceprocurador general. En este último se fogueó en la administración y el manejo de instituciones que, como la Fiscalía, son de gran calado. Ha sido profesor de Derecho Penal por más de 20 años y ha litigado con éxito en casos difíciles. Como bien lo dijo Jaime Córdoba Triviño, exvicefiscal y expresidente de la Corte Constitucional, “la Fiscalía ha quedado en muy buenas manos. Y se combinan en el doctor Montealegre su condición de penalista y constitucionalista, lo que es un balance perfecto para la Fiscalía”.
En las críticas que se le han formulado a Montealegre –por sus vínculos con el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino– ha habido algo de injusticia. Un penalista con su trayectoria tiene que haber defendido a muchos ‘indeseables’. Problemas con la justicia penal tienen los delincuentes y no las señoras de sociedad. Por eso no tiene sentido sacar a relucir el prontuario de sus clientes como algo que pudiera poner en tela de juicio su integridad.
También hay quienes dudan de si su asesoría al gobierno de Uribe en temas como la demanda a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional o su participación en la comisión de Reforma a la Política convocada por él, entre otras, puedan afectar su desempeño en los casos que lleva la Fiscalía contra funcionarios de ese gobierno. Al fin y al cabo, de él dependerá el futuro del exministro Andrés Felipe Arias (caso Agro Ingreso Seguro), el exsecretario de Palacio Bernardo Moreno y la exjefe del DAS María del Pilar Hurtado (caso ‘chuzadas’), y los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio (reciente acusación en la Yidispolítica). Sin embargo, las mismas dudas pendían sobre Viviane Morales antes de ser elegida, y sus ejecutorias como fiscal hablan por sí solas.
O también hay quienes se preguntan si la declarada amistad de Montealegre con otros penalistas de grandes ligas como el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar o el abogado Jaime Lombana puede afectar en determinados casos el ejercicio de su cargo. Amanecerá y veremos. Por lo pronto, en su presentación ante la Corte fue rotundo en declarar que actuará con independencia e insistió en que a él solo lo anima “acertar y ser un hombre justo”.
Más allá de si esos cuestionamientos son razonables o no, entre muchos de los colombianos cundió un sentimiento de alivio con la llegada de Eduardo Montealegre a la Fiscalía General. Tanto, que la idea de que su periodo sea de cuatro años, y no de uno y medio como se ha dicho, puede estarse revaluando.
El país está cansado de tener fiscales de un año. La Justicia da muestras de fatiga luego del año y medio de interinidad, en cabeza de Guillermo Mendoza, y de la salida abrupta de Viviane Morales. La tarea de hacer justicia en Colombia tal vez no resiste otro fiscal general pasajero. Si bien la sala de consulta del Consejo de Estado ha dicho que el periodo del fiscal es institucional y no personal, razón por la cual Montealegre tendría que terminar en julio del año entrante, habría razones para rebatir ese concepto. Una de ellas, apegada a la norma, como lo expresó el propio Montealegre a Caracol Radio: “Pienso que es de cuatro años, porque el doctor Mendoza no inició ningún periodo. El doctor Mendoza fue encargado y no fue designado. Y en cuanto a la fiscal Viviane Morales, se decretó la nulidad de su elección”. Y también pueden esgrimirse interpretaciones a la Constitución: si el periodo del fiscal es institucional para que no coincida con el periodo del presidente de la república, en vista de que ahora se permite la reelección presidencial se podría hacer una nueva interpretación del caso del fiscal.
Sin embargo, cada debate a su tiempo. El desempeño de Eduardo Montealegre en el búnker dará sin duda la pauta de su permanencia.
Una mirada a Eduardo Montealegre
Eduardo Montealegre nació en Ibagué en octubre de 1957 en una familia de clase media. Creció en el municipio de Falan. Su abuelo Lynett había llegado a principios del siglo XX como auxiliar de ingeniería de la compañía inglesa que construyó el cable a Manizales. Su padre Argilio ejerció como abogado y nunca tuvo título. Eduardo estudió el bachillerato en el colegio San Simón. De su niñez dice recordar dos imágenes, cuando su papá lo llevó a ver a Carlos Lleras en campaña y el día que vio a Darío Echandía. Y cuando joven leyó y se aprendió los discursos de Jorge Eliécer Gaitán. Presidió la Corte Constitucional en 2003, el año de la gran arremetida contra la Constitución de 1991. La Corte en cada una de sus decisiones demostró gran equilibrio. Salvó el referendo de ese entonces, pero le quitó las 'golosinas' que afectaban la libertad del votante. Dejó vivos la conmoción interior y el impuesto al patrimonio, pero tumbó las facultades de policía judicial a los militares. Fue ponente de tutelas como la que envió a la justicia ordinaria el caso del general Uscátegui por la masacre de Mapiripán. Hasta esta semana asesoraba al Gobierno en la defensa del Estado colombiano en casos como el de Mapiripán y Santo Domingo.